Las tensiones diplomáticas entre los Gobiernos de México y Estados Unidos se han agravado considerablemente esta semana tras el rechazo formal por parte de Washington de las quejas mexicanas relativas a la seguridad de sus ciudadanos en los centros de detención de inmigrantes. Para nuestra comunidad y nuestros clientes, este suceso pone de relieve la importancia de comprender los mecanismos de protección consular y la situación actual de los derechos humanos en el sistema de detención estadounidense.
El origen del conflicto: las muertes bajo custodia
La polémica surge a raíz de una estadística preocupante: en lo que va de año, al menos 17 migrantes mexicanos han fallecido a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ya sea bajo custodia o durante operaciones de control. Incidentes recientes, como la muerte de Lorenzo Salgado Araujo en Houston tras una operación del ICE, han avivado la polémica sobre el uso de la fuerza y las condiciones sanitarias en estos centros.
Un informe de la organización Human Rights Watch (HRW) respalda estas preocupaciones, ya que recoge un total de 52 fallecimientos bajo custodia del ICE durante un período reciente.
Las cartas de “cese y desistimiento”
En respuesta a estas muertes, el Gobierno mexicano puso en marcha una estrategia jurídica enérgica. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió cartas de “cese y desistimiento” a las empresas privadas que gestionan centros de detención, como el de Adelanto (California), donde han fallecido cuatro mexicanos.
El objetivo de estas cartas era exigir el cese inmediato de las omisiones médicas —como el impedimento del acceso a una atención sanitaria rápida— y la modificación de las políticas contrarias a las normas penitenciarias. México defendió esta actuación como un ejercicio de su función de protección consular, reconocida por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
La respuesta de Estados Unidos
El Departamento de Estado de EE. UU. ha adoptado una postura firme de rechazo. Michael Kozak, funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, se reunió con el embajador mexicano Roberto Lazzeri para devolverle formalmente las cartas de protesta. Washington argumentó que estas comunicaciones pretendían “dirigir las acciones del personal del Gobierno de Estados Unidos que opera en territorio soberano”.”
Kozak recomendó que México canalizara sus inquietudes exclusivamente a través de los “canales diplomáticos habituales”. Por su parte, la Embajada de México tomó nota de la devolución, pero subrayó que ya había planteado formalmente sus inquietudes tras las reuniones mantenidas con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el ICE.
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