El USCIS anuncia oficialmente el fin de la normativa de 2022 y endurece los requisitos para obtener la tarjeta verde
El 16 de julio de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) marcó un punto de inflexión en la política de inmigración de Estados Unidos al publicar una norma definitiva que deroga oficialmente la normativa de 2022 de la era Biden.
Esta nueva medida tiene por objeto garantizar que los inmigrantes que se encuentran en el país sean autosuficientes y no dependan de prestaciones financiadas por los contribuyentes, en consonancia con la interpretación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, según la cual se considera inadmisible a toda persona que pueda convertirse en una “carga pública”.
En virtud de esta nueva normativa, los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) recuperan la facultad de realizar evaluaciones exhaustivas caso por caso. A partir de ahora será posible tener en cuenta si los solicitantes de la residencia permanente han hecho uso de una gama más amplia de prestaciones públicas, como Medicaid, los cupones de alimentos (SNAP) y las ayudas para la vivienda pública.
Es fundamental que los solicitantes marquen el 18 de septiembre de 2026 en sus calendarios, ya que esa es la fecha oficial en la que entrará en vigor la norma. A partir de ese día, el USCIS publicará una versión revisada del formulario I-485 (Solicitud de registro de residencia permanente o de ajuste de estatus). Cualquier solicitud que utilice una versión antigua del formulario y que se presente o tenga matasellos a partir de esa fecha será rechazada automáticamente.
Hay categorías que siguen estando exentas por ley, entre ellas los refugiados, los solicitantes de asilo, los menores inmigrantes especiales (SIJS), las víctimas de la trata de personas (visado T), las víctimas de delitos (visado U) y las personas protegidas por la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres (VAWA).
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