El Departamento de Justicia (DOJ) tiene previsto introducir un cambio importante que afectará a cualquier persona con un expediente de inmigración pendiente. El Gobierno quiere otorgar a los jueces de inmigración una nueva competencia para imponer multas a los abogados, a sus clientes (inmigrantes) e incluso a los testigos si no cumplen las órdenes del juez.
Este nuevo plan permitiría, por primera vez en la historia, que los jueces impusieran multas que oscilaran entre De $1.000 a $3.500. Según el Ministerio de Justicia, estas sanciones son necesarias para que los jueces mantengan un control total sobre lo que ocurre en sus salas de audiencia.
¿Por qué te podrían multar?
Según esta nueva propuesta, un juez podría determinar que una persona está cometiendo “desacato” o desobedeciendo si se da alguna de las siguientes circunstancias:
- Llegar tarde una y otra vez a las vistas judiciales.
- Incumplimiento de las órdenes escritas dictada por el juez.
- Cometer un delito de alteración del orden público dentro de la sala del tribunal.
- Mentir o realizar declaraciones falsas.
Un plan que muchos consideran injusto
Lo que más ha preocupado a los defensores de los inmigrantes es que esta norma no se aplica de forma equitativa. La propuesta establece claramente que Los abogados del Gobierno (los que trabajan para el Departamento de Seguridad Nacional) no pueden ser sancionados con estas multas impuestas por los jueces.
Expertos de la Abogados especializados en inmigración de EE. UU. La Asociación (AILA) denuncia esto como una táctica para infundir miedo. Argumentan que el Gobierno simplemente pretende intimidar a los abogados que defienden a nuestra comunidad, mientras que los fiscales que solicitan las expulsiones no se enfrentarían a ningún tipo de sanción por su mala conducta.
¿Es legal este cambio?
Muchos expertos jurídicos advierten de que esta propuesta podría ser inconstitucional. Explican que los tribunales de inmigración forman parte del poder administrativo del Estado y no cuentan con la misma autoridad inherente que los tribunales federales “normales” del artículo III para imponer este tipo de multas punitivas.
Algunos antiguos jueces han señalado que esto tiene como objetivo crear un clima de miedo. En primer lugar, argumentan, se presiona a los jueces para que agilicen las deportaciones y, ahora, el Gobierno quiere intimidar a los inmigrantes y a sus defensores para que no puedan defender sus casos con tranquilidad.
¿Qué puedes hacer?
Por ahora, Esta norma es solo una propuesta y aún no se está aplicando.. El Gobierno tiene la obligación de recabar la opinión pública y ha establecido un plazo de 60 días para que los ciudadanos puedan presentar sus comentarios y reclamaciones.
Si tienes un caso en curso en el tribunal de inmigración, lo mejor que puedes hacer es Llega siempre a tiempo a tus audiencias y di siempre la verdad. para evitar cualquier complicación en caso de que se apruebe esta norma. Ahora más que nunca, es absolutamente fundamental que mantengas una comunicación abierta y sincera con tu abogado y que sigas al pie de la letra sus consejos jurídicos.
Si te preocupa cómo estos cambios propuestos podrían afectar a tu expediente de inmigración pendiente, no intentes lidiar con este complejo sistema por tu cuenta. Ponte en contacto hoy mismo con nuestro experimentado equipo jurídico para recibir asesoramiento y una representación especializada.
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