En las últimas semanas, una serie de resoluciones judiciales federales han puesto de relieve las condiciones de reclusión en Inmigración y los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que obligó al Gobierno a garantizar los servicios básicos tras las denuncias de hacinamiento extremo, falta de atención médica y condiciones insalubres.
En California, el juez federal Sunshine Suzanne Sykes dictó una orden judicial provisional en la que exigía a las autoridades que garantizaran unas condiciones dignas en el Centro de Procesamiento de Adelanto, gestionado por la empresa privada GEO Group. La orden exige que se garantice el suministro de agua potable las 24 horas del día, una alimentación adecuada, higiene, sábanas limpias y acceso oportuno a los medicamentos.
La demanda que ha dado lugar a esta decisión alega que el centro está plagado de enfermedades y moho, lo que supone una infracción de la Quinta Enmienda contra las formas inhumanas de reclusión. A pesar de ello, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desestimó las acusaciones calificándolas de “false” y atribuyó la orden a un “juez activista,”, alegando que el ICE mantiene unos estándares superiores a los de muchas prisiones estatales.
El derrumbe del “26 Federal Plaza” en Nueva York
Uno de los casos más graves se está desarrollando en Manhattan, donde un juez federal se ha visto obligado a limitar el aforo de las salas de detención en 26 Federal Plaza tras detectar un “riesgo grave de sufrir un perjuicio irreparable.” Las investigaciones basadas en comunicaciones internas revelaron que los detenidos estaban hacinados en espacios tan estrechos que solo tenían 10 pies cuadrados por persona—un espacio equivalente al de una cabina telefónica.
Entre las afecciones registradas en este centro se encuentran:
- La falta de sueño: Los detenidos dormían sentados debido a la falta de espacio.
- Falta de higiene: Habitaciones que apestaban a cuerpos sin lavar y a falta de duchas.
- Negligencia médica: Las personas con enfermedades graves como tuberculosis, insuficiencia renal y problemas cardíacos no recibió un tratamiento adecuado.
Un patrón nacional de mortalidad y falta de supervisión
Estas intervenciones judiciales se producen en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los inmigrantes detenidos. En lo que va de 2026, han fallecido al menos 22 personas en los centros de ICE, y la tasa de mortalidad ha aumentado recientemente se duplicó.
Más allá de las condiciones físicas, la supervisión de la conducta de los agentes también está siendo objeto de escrutinio. De 56 denuncias por uso excesivo de la fuerza presentadas desde el inicio del actual Gobierno, solo uno El agente ha sido sometido a un procedimiento disciplinario y, hasta la fecha, no se le han impuesto sanciones efectivas.
Mientras el Gobierno prosigue con su estrategia de deportaciones masivas, la ampliación del sistema de internamiento mediante el uso de prisiones privadas y el aumento de la capacidad operativa sigue encontrando una fuerte resistencia en los tribunales federales por supuestas violaciones de los derechos humanos fundamentales.
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