Un tribunal estadounidense ha dado un paso importante para proteger a los trabajadores y a las empresas al rechazar el intento del Gobierno de imponer una multa de 100 000 dólares por cada nueva visa H-1B. Esta decisión, dictada por tres jueces en Boston el 24 de julio, significa que, por el momento, este elevado pago sigue suspendido.
¿Qué estaba pasando con estos visados?
Desde el pasado mes de septiembre, el Gobierno exige a los empresarios que paguen 100 000 dólares por cada trabajador cualificado que traigan al país. Antes de este cambio, las empresas pagaban entre 2 000 y 5 000 dólares en concepto de tasas de tramitación.
El Gobierno afirmó que este aumento era necesario para evitar que se sustituyera a los trabajadores estadounidenses por personas de otros países dispuestas a trabajar por un salario inferior. Sin embargo, la tasa no se aplicaba a los estudiantes extranjeros que ya se encontraban en Estados Unidos.
¿Por qué dijeron que no los jueces?
Varios estados presentaron una reclamación, alegando que esta tasa era, en realidad, un “impuesto ilegal”. Los jueces explicaron que el presidente no puede crear un nuevo impuesto por su cuenta, ya que esa decisión corresponde exclusivamente al Congreso.
Además, se advirtió de que cobrar una cantidad tan elevada causaría un perjuicio considerable a instituciones importantes, tales como:
- Colegios y universidades públicas.
- Los hospitales y las clínicas, que necesitan médicos y especialistas.
¿Y ahora qué pasa?
Por ahora, las empresas no tienen que pagar esa fortuna para solicitar estos visados. Aunque el Gobierno puede seguir defendiendo el caso ante otros tribunales, los jueces han decidido que no hay pruebas suficientes para que la tasa entre en vigor todavía.
Esta noticia supone un alivio para muchas oficinas y hospitales que dependen de estos permisos de trabajo para seguir prestando servicios a la comunidad.
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